“Finalmente puede decirse que no se muestra como niña, sino que se
ubica más bien en un lugar de mujer, mostrando un cuerpo desarrollado
que puede llegar a ser objeto de deseo”. Esta increíble caracterización
de una chiquita de nueve años apareció consignada en un informe
enviado a la Fiscalía Correccional Nº 7 por el Cuerpo de
Investigaciones Fiscales (CIF), con la firma de su directora, Gabriela
Buabse. La historia había comenzado el 13 octubre de 2011 cuando un
padre, en representación de su hija de 9 años, denunció al propietario
del transporte escolar que la llevaba al colegio porque, dijo, luego
de retirarla le pidió a la menor que se siente a su lado, “la tomó de
la mano y le pidió que se parara y al hacerlo le tocó la cola, las
piernas y los pechos”. Agregó que, “en otras oportunidades, el chofer
intentó besarla en la boca”.
El 15 de octubre de 2011, otra persona en representación de su hija de
10 años, también denunció al chofer del transporte, porque “hacia pasar
a la niña al asiento de adelante, le agarraba la mano y le tocaba la
pierna izquierda”. Sostuvo que la chiquita le sacaba la mano, “pero
que el hombre insistía y volvía a manosearla”. Además solicitó que se
arbitren los medios, “para que a ese sujeto se le impida pasar por mi
domicilio, porque cada vez que lo hace, se ríe en la cara de la niña o
de la persona que la esté acompañando”.
El 15 de marzo de 2012, la fiscal María Gabriela González, luego de
que los padres de las menores ratificaran sus denuncias en sede
judicial, formuló la acusación correspondiente contra el propietario
del transporte escolar por abuso sexual simple (dos hechos), por
considerar que se habían reunido los elementos de convicción
suficiente para impulsarla y solicitó al juez Correccional y de
Garantías que se tenga por requerido el juicio oral y público contra el
imputado.
Además pidió, entre otras medidas, que “en el marco de lo previsto
en el artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño, se practique
por intermedio del Servicio de Psicología del Poder Judicial, la
reconstrucción del hecho vivido por las menores, a través de Cámara
Gesell”.
Interviene el CIF
Si hubieran intervenido los psicólogos y psiquiatras del Poder
Judicial, como lo pidió la fiscal González, el CIF se hubiera ahorrado
el escándalo que recorre ahora los pasillos de Tribunales, no solo por
la metodología utilizada por ese organismo, violatoria de los
protocolos aceptados internacionalmente para investigar los abusos
sexuales sufridos por niños, niñas y adolescentes, sino también porque
la llevaron adelante personas que carecen del título habilitante para
hacerlo.
Es que el CIF encargó a dos de sus empleados, a quienes otorga la
calidad de “investigadores” (sic), la delicada tarea de entrevistar a
las víctimas, a sus compañeritas y a sus padres, para esclarecer las
denuncias de abuso sexual contra el chofer del transporte escolar. Y
emprendieron la tarea con la audacia que les otorgaba su ignorancia
sobre las técnicas que utilizan los psicólogos y psiquiatras,
despreocupados también por las garantías contempladas en la Convención
Internacional de los Derechos del Niño y desconociendo que a las
chiquitas solo podían tomarles testimonio en presencia de un asesor de
menores, en Cámara Gesell y con todos los recaudos que contempla la
ley.
El tribuno, salta
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